Estado de alarma en España por la huelga de controladores aéreos: la visión de Izquierda Hispánica

Este pasado fin de semana en toda España se ha efectuado un paro laboral de todos los controladores aéreos de la nación (exceptuando los de Andalucía y parte de Cataluña), que ha traído como consecuencia la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno y la movilización del Ejército que, a punta de pistola, obligó a los controladores a seguir trabajando so pena de aplicarles el código jurídico militar. Este tipo de actos no ocurrían desde la dictadura franquista. Buena parte de la población, adormecida por una ideología armonista e individualista, ha cargado contra los controladores por “vagos”, “privilegiados” y por haberles “estropeado las vacaciones”. Y aunque en toda ideología hay parte de verdad, lo cierto es que las causas de la huelga de controladores y las repercusiones que para el resto de trabajadores en España esta situación pueden tener van más allá de un debate sobre el sueldo de este cuerpo profesional. El Gobierno, con el Ministro del Interior Alfredo Pérez-Rubalcaba a la cabeza, ha sabido mover bien sus hilos propagandísticos con sus medios de comunicación de masas afines (incluída Televisión Española, el canal público). Pero la realidad es que la huelga de controladores tiene muchos matices que en Izquierda Hispánica queremos señalar.

El detonante real de la huelga de controladores aéreos ha sido que, el mismo día de la huelga, por la mañana, el Gobierno, tras meses de infructuosa negociación con el sindicato de controladores USCA, decidió aprobar un decreto ley en Consejo de Ministros en el que se tiraban abajo todos los derechos conseguidos por los controladores en convenios colectivos anteriores (alcanzados con Gobiernos tanto de la socialdemocracia del PSOE como del Partido Popular –partido que se autocalifica de “centro-derecha”, y en el que encontramos una amalgama ideológica que va desde la democracia cristiana al liberalismo, pasando por algunos elementos de integrismo católico). En este nuevo decreto se ampliaba la jornada laboral de 1670 horas a 1840 (pudiendo superarse las 2000 horas si había que devolver horas de permiso por baja maternal o por enfermedad), en las cuales no se computarían las horas sindicales, las horas imaginarias ni las ausencias por incapacidad laboral o por maternidad. Durante meses varios portavoces de los controladores comparecieron, cuando les dejaban, en varios medios de comunicación para explicar que precisamente estos derechos alcanzados estaban amenazados, y que bajo todo ello estaba, crisis económica mediante, la parcial privatización de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), la institución pública que dirige y controla los aeropuertos españoles y forma y conforma su personal laboral. Este decreto se aprobó de manera mafiosa y chulesca la mañana del pasado viernes 3 de diciembre, justo cuando comenzaba el puente de la Constitución. Pocas horas después, los controladores aéreos decidieron ponerse en huelga ilegal, mostrando que tenían fuerza suficiente para parar a todo el país, y así ocurrió.

Según el vigente Estatuto de los Trabajadores en España (1/1995 del 24 de marzo, reformado el 18 de septiembre de 2010, en plena crisis económica e institucional), la jornada laboral se establece según los convenios colectivos o los contratos de trabajo. Se trata de 40 horas semanales, y nunca superior (teóricamente) a 9 horas diarias, salvo acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, y siempre respetando los descansos. Cada empresa elabora anualmente su jornada de trabajo. Además, las horas extraordinarias, reguladas también por convenio colectivo, no pueden exceder las 80 anuales, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores. Descontando las fiestas y vacaciones reguladas por ley, el máximo de horas anuales de trabajo sería de 1794.

Por su parte, el Gobierno, en boca del propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que las horas aeronáuticas no excederían de 1670 horas según el decreto ley antes citado. Esto lo aseguró el jueves 9 de diciembre durante su comparecencia a las 10 de la mañana en el Congreso de los Diputados, negando las alegaciones de los controladores acerca del aumento de la jornada laboral. Sin embargo, faltó por aclarar qué entiende el Gobierno por horas aeronáuticas. El Gobierno alega que las horas que han cobrado como extraordinarias antes del decreto son unas 550 horas, debido al aumento de tráfico aéreo, estando además las horas laborables en 2009 establecidas en 1750 horas. Zapatero además aseguró que durante las negociaciones entre Gobierno y controladores el día de la huelga no se llegó a ningún acuerdo pues, siempre según el Gobierno, los controladores por su sindicato USCA pedían un convenio colectivo que estaba ya regulado en el decreto ley aprobado el pasado viernes, el mejor posible para regular la situación laboral de los controladores aéreos españoles, según el presidente Zapatero.

La misma tarde del día 3, el Gobierno adoptaba medidas de emergencia gubernamentales que fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado, donde se afirmaba que las competencias del control aéreo y de los aeropuertos pasaban al Ministerio de Defensa (de la Guerra), por lo que los controladores militares se encargarían de regular el tráfico aéreo hasta el restablecimiento del orden. Muchos controladores fueron a su puesto de trabajo, pero no firmaron el documento preceptivo que les permite ejercer su labor, por lo que el paro fue en el mismo centro laboral. Durante el viernes y el sábado, el Ejército fue tomando posiciones en los aeropuertos (un coronel por torre más un par de guardias civiles, según información en prensa), hasta que, a punta de pistola en algunos casos, se obligó a los controladores a trabajar, con la amenaza de someterles a un Tribunal Militar. El sábado 4 se proclamó el Estado de Alarma. A día de hoy, de los 2400 controladores que trabajan en España, más de cuatrocientos han sido expedientados, y su futuro profesional está entre la espada y la pared.

Buena parte de la población estuvo desde el principio contra los controladores aéreos. Los ven como un grupo mafioso privilegiado que sólo se moviliza para tener más dinero, y que egoístamente quieren mantener sus privilegios a costa de fastidiar el merecido descanso a los españoles. Así les ha puesto el Gobierno, el Partido Popular, Televisión Española, el grupo PRISA, Libertad Digital, y todos los medios socialdemócratas, liberales y constitucionalistas españoles, incidiendo en la diferencia salarial -una media de más de 3000 euros al mes- de los controladores con respecto del resto de trabajadores. Aunque hay que decir que las cifras sobre el sueldo son engañosas. Un controlador aéreo viene a ganar por hora tanto como un profesor de Instituto o un catedrático de Universidad, con la diferencia en que el controlador gana más porque trabaja más horas y en horarios nocturnos o en festivos con el incremento correspondiente según convenios y la ley. El controlador que gana más es porque trabaja durante más horas. Incluso en algunos medios socialdemócratas como El País se reportaron informaciones acerca de varias reuniones previas a la huelga del sindicato de controladores aéreos USCA con el Partido Popular, insinuando que se trataría de una maniobra política del PP contra el Gobierno, inclusive teorizando la idea de un “golpe de Estado” contra Zapatero.

Sin embargo, los controladores han aparecido como unos sujetos enemigos de la libertad y la igualdad entre los españoles que no dejan que los acontecimientos sigan su curso. Curiosamente, los medios socialdemócratas y liberales cuestionan siempre el relativo elevado sueldo de los asalariados —utilizaron los mismos argumentos cuando los funcionarios fueron a la Huelga— pero nadie cuestiona ni los beneficios empresariales, la intervención del Estado para salvar a la Banca o los “sueldos” de asesores “de confianza” de tanto político escondido en alguna autonomía o concejalía española. Es un ataque frontal y directo contra los asalariados mejor situados para inculcar la mentalidad lacayuna de que los españoles hemos de dar las gracias si recibimos un miserable sueldo mileurista. Quien no es un mileurista es un “privilegiado” que no se merece su sueldo. Liberales y socialdemócratas quisieran una masa de mileuristas satisfecha con su situación, una especie de colectivismo salarial donde todos cobráramos igual. Comparemos la situación con el socialismo desarrollado: en 1934, con la culminación de los primeros planes quinquenales soviéticos y gracias al socialismo desarrollado industrial, la URSS decretó el fin de la homogeneidad salarial y el aumento de los especialistas para hacer efectivo el lema socialista: “a cada cual según su trabajo”. Curiosamente los liberales y socialdemócratas españoles tienen más en común con el maoísmo igualitarista que con un socialismo desarrollado moderno.

Toda esta propaganda, unida a la envidia por una situación vista como privilegiada, manejada adecuadamente, ha permitido que la ciudadanía haya visto con buenos ojos la movilización del Ejército (algo que no pasaba desde los tiempos de Franco), el despido masivo de los controladores aéreos (como hizo Ronald Reagan en 1981 con los cerca de 15.000 que se pusieron en huelga en todos los Estados Unidos de Norteamérica) e, incluso, la privatización de AENA, que muchos verán como positivo para gestionar mejor los aeropuertos de España. “De la democracia a la tiranía” en sólo tres días, en sentido platónico. Aunque el Estado de Alarma durará 15 días, que podrían prorrogarse.

Pero la situación es mucho más compleja. Cierto es que los controladores aéreos son un grupo profesional asalariado (no producen ningún valor objetivo), que a diferencia de otros trabajadores, goza de un sueldo que le permite tener un nivel de vida muy por encima de la media del resto de los españoles. Cierto es que USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) es un sindicato amarillo que sólo mira por los intereses de esta “aristocracia del salario” (en términos marxistas) que, poco o nada, ha participado de movilizaciones de compañeros trabajadores en los aeropuertos en peor situación laboral y salarial. Y cierto es que los controladores aéreos no estuvieron en ningún momento, al menos públicamente, del lado de otras movilizaciones laborales en España, sobre todo en la pasada huelga del 29 de septiembre. Quizás una colaboración más estrecha en el pasado entre los sindicatos “de clase” (Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores –CC.OO. y UGT-, instituciones muy poderosas que, debido a su fuerza, pueden conseguir más para los trabajadores con una simple negociación) hubiese evitado la huelga de controladores, no declarada previamente, luego ilegal, pero forzada, cierto es, por la premura que el Gobierno se tomó para publicar su decreto ley del puente de la Constitución. Los controladores han pagado sus errores y su elitismo con la incomprensión y rechazo a su medida desesperada radical por parte de muchos españoles.Aquí podemos ver la necesidad de un movimiento político nacional que canalice la lucha y cómo la fragmentación sólo debilita a la hora de luchar.

Aunque la huelga ha sido un éxito a nivel de repercusión política (movilización del Ejército, Estado de Alarma, sacar a flote las contradicciones de un gobierno pretendidamente de “izquierdas” que ha actuado como si de una dictadura iberoamericana del siglo XX se tratase), y ha recibido el apoyo de otros sindicatos de controladores como el argentino o el francés, ha sido un fracaso en lo que a apoyo social se refiere.

Pero aquellos que apoyan el paro de los controladores no lo hacen porque piensen que los controladores “tienen razón” o porque sean la “vanguardia de la clase obrera”. Izquierda Hispánica, sin ir más lejos, aún criticando la actitud previa al paro de los controladores, que ha puesto también sobre el tapete qué ocurre cuando un cuerpo profesional de elite planta cara al poder en el punto anterior, reconoce que su ejemplo ha de ser seguido por el resto de trabajadores españoles, esto es: unidad, firmeza y disciplina (al menos hasta el decreto de Estado de Alarma, pues poco a poco han ido cediendo al Estado y su uso legítimo de la violencia). El Gobierno español de Zapatero ha aplicado el Estado de Alarma a un paro laboral y ha tratado como “sediciosos” a los controladores. Pero cuando se realizaron en Cataluña los “referendums” secesionistas en varios ayuntamientos, en los cuales podían votar inmigrantes ilegales sin papeles y menores de edad, jamás movilizó al Ejército. Es decir, trata de sedición a unos trabajadores que se movilizaban por sus derechos (y no por dinero, como mostraremos en el siguiente párrafo), y sin embargo a las poliarquías neofeudalistas secesionistas, de las que en buena parte tiene interdependencia la oligarquía político-económica española (el Gobierno, el PP y los 37 gran-burgueses que se reunieron con Zapatero hace pocos días), son mimadas y apoyadas por el poder, pues de ellas depende. Es decir, los vendepatrias y los que quieren destruir la patria se alían frente al pueblo trabajador. Pues los controladores aéreos, a pesar de sus errores y circunstancias, son trabajadores, y no son los primeros que se han movilizado contra el Gobierno. Recordemos a los autónomos hace un par de años o a los sindicatos de clase hace tres meses. Esto no ha hecho más que empezar. Pues está claro que un paro de USCA jamás iba a derribar al Gobierno, pero sí ha mostrado que ante un golpe duro no le queda otra que mostrar sus fauces.

Los controladores aéreos españoles, a pesar de tener un salario más elevado que la media nacional, tienen menos sueldo que sus homólogos en el resto de la Unión Europea y además trabajan más horas. De manera arbitraria se les quita y se les cambian las vacaciones, han sufrido la ampliación de 15 a 24 los días que trabajan al mes. El acceso a la profesión de controlador lo controla (valga la redundancia) AENA, institución a punto de convertirse en empresa, que ha reducido la formación de 1000 controladores desde 1996 a 2004 a 250 de 2004 a 2010, y esta reducción formativa, unida a la crisis y a la necesidad de AENA de reducir costes, ha provocado el aumento de la jornada laboral, de las horas extras y, con ello, del estrés y la sensación de acoso que han tenido los controladores, en una profesión de la que dependen miles de vidas a diario. Hay que recordar que el tráfico aéreo ha crecido exponencialmente, a pesar del 11-S, en los últimos diez años. Además, se trata de un colectivo profesional muy poco endogámico. De los 2400 controladores realmente existentes, sólo el 9% tiene filiación familiar. Además, las horas extras, antes voluntarias, hoy son obligatorias. Y el elitismo de los controladores no ha sido fomentado por ellos mismos, sino por instituciones políticas como AENA. Pues antes la formación era becada, y ahora se tratan de cursos muy caros en los que, además, ya no se requiere tener título universitario (SENASA, por ejemplo, convoca cursos de 5 meses que cuestan 45.000 euros).

AENA no sólo ha realizado una política de contratación y formación de controladores aéreos más que discutible. La prevista privatización de AENA por parte del Gobierno puede resultar rentable en el corto plazo debido a la crisis, pero podría acarrear la progresiva despatrimonalización del Estado a medio y largo plazo, lo que supondría debilidad del Estado frente a terceros Estados (vía empresas sitas en su territorio) que comprasen o alquilasen ese patrimonio. Incidimos en esto porque se trataría de medidas liberales vendepatrias que conllevarían el reparto del pastel de la capa basal española por parte de Estados de nuestro entorno directo (tras el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos prohibió en su sistema de “libre mercado” que fondos de inversión procedentes de Estados árabes controlasen los aeropuertos norteamericanos). AENA además está muy endeudada debido al aumento logístico de aeropuertos de grandes ciudades españolas (ejemplos son la terminal T-4 en el aeropuerto de Barajas en Madrid o la ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona, o también del aeropuerto de Málaga), por lo que se espera que se rentabilice esa inversión pública realizada, en buena parte, mediante la mencionada privatización de AENA. AENA, además, es responsable de haber convertido a los controladores en una elite salarial, y es cómplice de la atomización institucional sindical en España, promovida en los últimos 30 años, y amparada legalmente. La dispersión de colectivos sindicales es algo que rechazamos desde Izquierda Hispánica, pues supone la constitución de poliarquías profesionales-sindicales sostenidas en razón de salarios altos y privilegios institucionales que perjudican a los trabajadores con menos recursos y peor formación profesional. Y esta poliarquía sindical supone un acicate para que ocurran paros laborales como el de los controladores, que podrían reproducirse en otros colectivos profesionales estratégicos en nuestra nación. Los partidos PSOE y PP saben muy bien que esta polarización sindical es beneficiosa para ellos a la hora de negociar (cuanta más dispersión, mejor para el poder político), al tiempo que les beneficia el control y la dependencia económica de los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT.

Esta poliarquía sindical fomenta la actividad individualista de cada colectivo profesional, y evita que haya movilizaciones más masivas y contundentes en España frente a los atentados contra los derechos de los trabajadores. USCA es una institución que ahonda, con su actitud, en ese individualismo. No obstante, las propuestas de USCA para mejorar la situación laboral de los controladores no distan mucho de reivindicaciones de otros colectivos profesionales en el resto de la nación: jornadas laborales consensuadas y no abusivas, saber con antelación los turnos que les tocan a los trabajadores, el respeto de los días libres y las vacaciones, mejorar la formación de los controladores, respetar los permisos de maternidad, que los mayores de 57 años –jubilados- puedan seguir trabajando como controladores (fueron retirados por ley), algo que vendría muy bien en grandes ciudades como Barcelona o Madrid. También se reivindica respetar los pactos entre empresa y sindicato en lo que a complementos salariales se refiere, pues por ley se han bajado de golpe hasta un 50%.

Frente a sus reivindicaciones, USCA tiene a AENA, la cual ha impedido por todos los medios que los controladores tengan voz, pues prohibía siempre la entrada de los medios a los puestos de trabajo de los controladores (algo mitigado ahora en los días de huelga), y que, por otra parte, sostiene aeropuertos deficitarios, como hemos dicho, en toda España mientras asume una deuda de más de 12.000 euros. Gracias, sin embargo, a Internet, estos trabajadores tienen más voz que antes.

Lo cierto es que la lucha de los controladores aéreos, y debido a la gran fuerza que han demostrado, no puede mantenerse aislada ni desentenderse de otras luchas que se llevan a cabo en España. La desconfianza mutua y el individualismo reivindicativo han de dejarse de lado, tanto de parte de los controladores como de parte de otros colectivos profesionales. Pues lo que la oligarquía burguesa española quiere, y así se lo mostraron al trilero Zapatero en su reunión, es agilizar la contratación laboral y la movilidad de fuerza de trabajo mediante la eliminación de la negociación colectiva, mediante la merma de la lucha sindical en España y mediante el ahondamiento progresivo en la precarización laboral en la nación. Esto sumado al fomento desde medios y escuela de una ideología individualista, pacifista y armonista en la ciudadanía (el Síndrome del Pacifismo Fundamentalista, muy asociado a la figura del individuo flotante que consume hasta morir en el mercado pletórico de las democracias realmente existentes), pone a una domada ciudadanía ante los desmanes de todos los herederos del régimen franquista anterior, artífice real del régimen actual de la Constitución de 1978: la Falange, encarnada ahora en el PSOE; el Opus Dei, encarnado ahora en el PP; y el carlismo, encarnado ahora en el neofeudalismo nacionalista catalán, vasco, gallego, andaluz, castellano, &c., los verdaderos sediciosos en España.

Debemos hacer un llamamiento a los miembros del Ejército para que constaten la doble moral de gobierno. Al igual que hiciera Franco con al Guerra de Ifni, Zapatero se niega a reconocer a Afganistán como una auténtica guerra. Se esfuerzan, en una tendencia que el PP agravó, en convertir al Ejército español no en un ejército de la Nación, sino en una ONG profesional encargada de expandir la solidaridad y los buenos sentimientos por el mundo. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a defender a España, tenemos derecho a utilizar las armas y tener conocimiento militares. Abogamos por una Milicia Nacional ciudadana en consonancia con nuestra tradición española revolucionaria. El Ejército no debe convertirse en un gueto social aparte y no debe ser utilizado para fines como los que se ha utilizado.

Desde la perspectiva de la dialéctica de Estados como motor de la Historia, hay que denunciar la despatrimonalización aeroportuaria del Estado, y hay que ser muy prudente en lo que a la potestad del Estado se refiere a la hora de garantizar el buen orden de la sociedad política utilizando incluso al Ejército debido a la sedición. Pero también desde la perspectiva de la dialéctica de Estados hay que tener en cuenta que estas medidas extraordinarias, como es el Estado de Alarma, no tendrían por qué tomarse si no se hubieran prudentemente evitado mediante la eliminación de privilegios a determinadas clases lógicas de la sociedad, pues ello debilita a la nación frente a los intereses de terceros, tanto a nivel de elites asalariadas como institucionales (tanto de los controladores aéreos como de otros contratados por la Administración Pública a nivel autonómico). Y, en todo caso, las causas, circunstancias motivaciones que podrían llevar a un Estado a tomar medidas contundentes frente a la sedición o frente a cualquier tipo de acontecimiento que amenace a la estabilidad de una nación son muy variadas y heterogéneas, y una misma medida política, tomada en abstracto, no explicaría el por qué de esa medida.

Por todo ello, Izquierda Hispánica pide a todos los trabajadores españoles, incluidos los controladores, que hagan de sus presiones al Gobierno socialdemócrata (socialfascista en realidad; pues ataca a los trabajadores al tiempo que los desune y se sustenta en el poder gracias al nacionalismo étnico neofeudalista), una presión única. Que la lucha de los controladores y del resto de trabajadores aeroportuarios españoles ha de ser una, junto con la lucha del resto de trabajadores españoles contra la precarización forzada de nuestros derechos que se nos avecina. Y todo ello, unido a la crítica a la Constitución actual de 1978, a la afirmación de la Unidad Nacional frente a la verdadera sedición que representan actos miserables como la negociación con ETA o el Estatuto de Cataluña y frente a la amenaza de Marruecos de apoderarse de Ceuta, Melilla y las Canarias, al tiempo que somete a los hermanos del Sáhara Occidental a la represión más miserable jamás concebida. También a luchar contra el chantaje económico-político de Alemania y el resto de la elite geoeconómica de la Unión Europea para que España se sitúe en posición de servidumbre ante el euro. Recuperemos nuestra soberanía política y nuestra independencia económica saliéndonos de la moneda única, dejando las relaciones con las naciones europeas al mínimo diplomático y comercial indispensable y miremos a donde la revolución socialista en el presente está más presente: a nuestros hermanos en Iberoamérica.

Resumimos nuestro mensaje en una sola frase, que sirve para todos, incluidos los controladores, frase que pronunció Lenin años antes de la Revolución de Octubre, y es tan demoledora y certera ahora como lo fue entonces:

“Haced de la causa de la nación la causa del pueblo, y la causa del pueblo será la causa de la nación”.