Andrés Manuel López Obrador y su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, acusaron al gobernador de Zacatecas, el priista Miguel Alonso Reyes, de desviar 108 millones de pesos para comprar votos a favor de Enrique Peña Nieto.
El candidato presidencial de la izquierda aseguró que, a través de una supuesta operación secreta llamada BINGO, Reyes habría repartido los cuatro distritos electorales del estado entre cuatro funcionarios de primer nivel –el procurador de General de Justicia, Arturo Nahle; el oficial mayor del Gobierno del Estado, Le Roy Barragán; el secretario de Desarrollo Agropecuario, Enrique Flores; y el secretario de Planeación de Desarrollo, José María González Nava– para impulsar la victoria del PRI en las elecciones presidenciales con recursos públicos, aseguraron.
De acuerdo con Monreal, cada uno de estos cuatro funcionarios encargó a los directores de institutos y de áreas de su dependencia un municipio para que entregaran materiales de construcción, despensas, tarjetas de descuento, tarjetas telefónicas y hasta deducciones fiscales a cambio de sufragios.
Como ejemplo, señaló, el oficial mayor Barragán habría instruido al suboficial de Recursos Materiales y Servicios de la entidad, Víctor Manuel Rentería, abrir hasta 10 cuentas bancarias para triangular el dinero público y convertirlo en dádivas a cambio de votos en municipios del distrito II, con cabecera en Jerez.
La acusación hecha este lunes por la mañana a los medios de comunicación fue acompañada por una presentación en la cual se mostraron números de cuentas bancarias, números de talonarios, guías de depósito y acuses de recibo que presuntamente prueban el delito electoral.
Además, un video entregado anónimamente en la casa de campaña de López Obrador, en el cual se observan supuestos cheques, fichas de depósito, una hoja membretada del gobierno de Zacatecas en la que se hacen cuentas de gastos para el 1 de julio y una carta firmada por Enrique Peña Nieto a los operadores políticos del gobernador.
«La instrucción era: ‘gástate todo, no importa, no hay límite’. Con esto demostramos cómo operó el ‘cartel de gobernadores del PRI’ para su partido. Esto no es ninguna elección limpia.
«Esto, por sí solo, en cualquier país del mundo, sería un escándalo, un motivo para invalidar una elección. Por eso, esperamos que la autoridad actúe con altura de miras», aseguró Monreal.
Los 108 millones de pesos, afirmó, habrían sido obtenidos del presupuesto del estado y de excedentes en compras a sobreprecio de arcos de seguridad, leche, cámaras de video, caminadoras y equipamiento para las cárceles estatales.
«Zacateas es de los estados más pobres, tal vez el más pequeño de los gobernados por el PRI, y le dio el 51% de los votos a Enrique Peña Nieto. Eso es muy sospechoso.
«El 30 de junio se puso una denuncia penal ante la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) por esto. La hemos ido ampliando, pero hasta el momento no hay algo, ¿dónde está el IFE y la Fepade?», cuestionó Monrea.
Por su lado, López Obrador anunció que, aunque el caso más avanzado de investigación está en Zacatecas, siguen recopilando evidencias de la supuesta compra de votos a favor del PRI-PVEM en Veracruz, Estado de México, Durango, Nayarit y Yucatán.
El perredista descartó pronunciarse por la nulidad o invalidez de la elección hasta el próximo jueves a las 18:00 horas, cuando fije una postura definitiva sobre los comicios.
«Tenemos las pruebas de que al menos se compraron cinco millones de votos, por lo cual no podemos aceptar los resultados. Hoy tengo el compromiso con los ciudadanos que están haciendo un análisis en redes sociales y me están dando los resultados que han recopilado desde la noche del 1 de julio», señaló.
El abanderado de la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano aseguró que también cuenta en su poder con boletas premarcadas a favor de Peña Nieto, que le entregará en los próximos días al consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés.
Refirió que su estrategia llegará hasta las últimas consecuencias de manera legal y pacífica, demostrando la presunta intervención de los gobernadores priistas en la elección, en vista de que el conteo voto por voto en el IFE se hizo «de manera irregular» sobre paquetes ya abiertos.
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