En el actual contexto de fractura social y política, lo que tradicionalmente se ha entendido por familia numerosa ha dado paso a un nuevo tipo de familia intergeneracional en la que personas jubiladas con pensiones son el único sustento, en la mayoría de las ocasiones en condiciones de precariedad, de familias con hijos cuyas cabezas de familia no tienen ni trabajo ni casa, y conviviendo bajo un mismo techo abuelos, hijos y nietos. Esta forma extendida de familia numerosa sobrevive gracias a una pensión sustitutiva no ya de un sueldo mínimamente digno, sino también de una cobertura por desempleo ya agotada.
Y es que a este problema social, económico y político, se añade otro que sigue en aumento y es el de las familias escindidas o fragmentadas, que con frecuencia no tienen la “suerte de optar a una pensión”.
Cuando hablamos de familias fragmentadas lo hacemos en relación a los tipos de familias que forman parte de lo que se denomina familia extensa (heterosexual, homosexual y monoparental). Recordamos que en España el 30 de junio de 2005 se aprobó la ley que modificaba el código civil y permitía el matrimonio homosexual y desde entonces se reconocían los mismos derechos y obligaciones a los que ostenta una familia heterosexual (declaración conjunta o individual, exenciones, pensiones de viudedad, pensión por jubilación, herencias, posibilidad de adopción, etc.). La incorporación de estas familias, reconocidas jurídicamente, favorecen la inserción política de colectivos minoritarios.
Ahora bien la escisión y fragmentación de las instituciones familiares también está afectando a las familias homosexuales. En este sentido, aun cuando aplaudamos la inserción política de instituciones familiares como la descrita, es preciso señalar que también se ve afectada por uno de los graves problemas de nuestro país y es el elevado número de divorcios y separaciones y, por tanto, de escisión familiar. Si al año en España hay más de 166.000 matrimonios, 3.880 son del mismo sexo. Pero es que se certifican 111.000 disoluciones matrimoniales cada año, y de ellas 319 pertenecientes a separaciones en matrimonios homosexuales, y muy frecuentemente en los primeros años de convivencia.
Asimismo, y sin perjuicio de las nuevas uniones que se producen posteriores a las escisiones, las familias monoparentales por escisión han aumentado considerablemente en los últimos años, afectando masivamente a la mujer. Gran problema, ya que es un foco generador de pobreza y desigualdad económica y civil, por su gran falta de derechos. La desprotección de este colectivo, y otros, es notoria tanto por el origen de su existencia (divorcios, situación del mercado laboral, elevado paro, crisis económica, ritmos de vida social, capitalismo, etc.) como por las consecuencias sociales producidas y más en un contexto de crisis como el actual.
El problema radica en que las instituciones familiares, adopten una forma u otra, tan pronto como se crean se destruyen. Podríamos decir que no se consolida la institución familiar de forma estructural, y lo que es un mecanismo de readaptación y reconstrucción institucional para comenzar nuevas forma de vida social como es la posibilidad legal de la separación y el divorcio, se ha convertido en un salto en el vacío hacia la desprotección social, muy acuciante en familias monoparentales con descendencia y con mujeres a la cabeza.
En este sentido, en España hay casi 600.000 familias monoparentales (disolución de matrimonios, madres solteras, etc.) y el 90% con mujeres a la cabeza (el 60% con hijos), y en donde más se ceba el paro (26%). El escaso reconocimiento legal y las pocas ayudas existentes (incluyendo pensiones de un excónyuge a otro), son un coste añadido a semejante situación.
En definitiva, actualmente existen elevados costes sociales del matrimonio/familia por disolución que van en aumento y no se neutralizan políticamente, ya que con legislaturas de 4 años la duración y recurrencia de instituciones importa poco a “nuestra democracia”, más bien lo que interesa es la creación y disolución institucional rápida que es lo que da votos. Los problemas genéricos, transversales a todo tipo de familia, y específicos de cada una de ellas tienen su origen en factores económicos, sociológicos y políticos. Las consecuencias todos las sabemos.
Desde nuestras coordenadas materialistas políticas radicales, la institución familiar, en sus diferentes formas, ha de estar inserta políticamente y eslabonada necesariamente con otras instituciones sociales, y cuya estructura morfodinámica requiere de una atención política y económica que posibilite su transformación recurrente y duradera hacia nuestros fines políticos socialistas. Y, asimismo, no podemos soslayar la importancia trascendental que adquiere la familia como institución necesaria, entre otras, para la conformación de una moral materialista grupal e intergrupal y que abre, de este modo, una perspectiva revolucionaria frente a otras propuestas morales individualistas o particularistas, morales de grandes colectividades disolventes de individuos y grupos o morales con “fundamento divino”.
Cualquier otra alternativa social o política antifamiliar, que no considere a la familia como parte mínima integrante de un proyecto político objetivo, es cómplice de la fragmentación y atomización social y, por tanto, contraria a una política revolucionaria materialista de integración.
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