Abusos en la frontera
Recientemente ha sido noticia que varios ciudadanos argentinos que llegaban a España en calidad de turistas han sido retenidos por las autoridades españolas en la frontera de Barajas y devueltos a su país, cuando llegaban con la documentación en regla, salvo acaso algún detalle de la carta de invitación o cualquier otro pretexto. Estos hechos han despertado la indignación en los medios argentinos e incluso han llevado a la Argentina a interponer una queja formal ante las autoridades españolas. Estos acontecimientos no pueden sino recordarnos episodios del mismo cariz que sucedieron hace dos años con Brasil y que suscitaron un conflicto diplomático además de tomarse represalias contra ciudadanos españoles en las fronteras brasileñas. También en los medios argentinos se pide este tipo de represalias.
Hace años, cuando gobernaba Aznar, estando Zapatero en la oposición, durante un debate sobre el estado de la Nación, Zapatero criticó al presidente Aznar que hubiera descuidado la política para con Iberoamérica, en concreto que hubiera dejado de destinarse fondos a becas para estudiar en España. Y le recordó amargamente que esos iberoamericanos que dejaban de venir a España a formarse constituirían en el futuro las élites de esos países.
Las relaciones entre España e Hispanoamérica no cesaron tras las emancipaciones, de las que actualmente se celebran los bicentenarios. Durante finales del siglo XIX y principios del XX la emigración española, especialmente de asturianos y gallegos, hacia algunos países de Hispanoamérica como Argentina, Venezuela o Brasil ha sido nutrida. Emigración que no cesó durante todo el siglo XX y que fue acompañada además del exilio español a República Dominicana, México o la misma Argentina. En la década de los 90 se han intensificado las relaciones comerciales y la expansión de multinacionales españolas por el continente, con Brasil como centro de negocios. Una fracción notable de la oleada inmigratoria a España de las últimas dos décadas está constituída por hispanoamericanos: ecuatorianos, colombianos y argentinos mayoritariamente. Sin duda vivimos una eclosión de una comunicación intensa y fluida entre ambos hemisferios, facilitada por el común idioma español y la tecnología de internet. Además, tanto en algunas constituciones iberoamericanas como en las propias leyes de extranjería de muchos países, se reconoce el estatuto especial de iberoamericanos y españoles en cuanto a posibilidades de tramitar un visado o solicitar la nacionalidad, claros indicios jurídicos de aquello que la Constitución Española de 1978 llama relaciones especiales con nuestra comunidad histórica, la comunidad hispánica. Esto sin olvidar que las relaciones que nos unen son inclusive en muchos casos todavía de parentesco.
Así pues, en este contexto no se comprende la miopía del gobierno español en este asunto, en especial si se atiende al hecho del delicadísimo proceso histórico que se desenvuelve en América con la celebración actual de los bicentenarios, en un clima de difusión de burdas falsificaciones históricas nada benévolas con el pasado español, auspiciadas por la revolución bolivariana y los procesos constituyentes de Bolivia y acaso también de Ecuador y en un futuro el Perú.
¿Acaso el gobierno español menosprecia la amenaza que puede suponer para España, para la vida y hacienda de los españoles, la proliferación en tantos países tan próximos de actitudes claramente hostiles?
Sabemos que el partido que gobierna España reniega de su condición nacional, que carece de sentido del Estado en la misma medida en que tiene hipertrofiado el sentido de partido; que, al contrario que los inmigrantes residentes en España o que los iberoamericanos descendientes directamente de españoles que se pueden beneficiar de la doble nacionalidad aun residiendo en América, estos que llegan a la frontera no sirven para sumar votos y mantenerse en el poder. Pero exigimos al gobierno español que al menos no dé pretextos para los conflictos diplomáticos por el trato abusivo a ciudadanos iberoamericanos en las fronteras y que se atenga a las normas éticas y políticas mínimas.