Concierto económico y neofeudalismo

Las últimas elecciones en Cataluña han sacado del gobierno al tripartido de socialistas, independentistas y ecologistas devolviéndole el poder a la coalición nacionalista CIU. Su líder, Artur Mas, que coquetea con posiciones abiertamente secesionistas, será casi con toda probabilidad el nuevo presidente de la Generalitat catalana. La propuesta estrella de CIU es el establecimiento de una relación económica bilateral entre Cataluña y el resto de España inspirada en los añejos fueros vasco-navarros. El objetivo es paliar la injusta “discriminación fiscal” a la que estaría sometida, supuestamente, esta comunidad por parte española. El argumento es sencillo: los catalanes pagan mucho y reciben poco del Estado. La diferencia, unos 18.000 millones de euros.

Que se tome como ejemplo a País Vasco y Navarra es sintomático del proyecto político de Mas. Lo que para el político catalán es muestra de trato fiscal justo, encubre en realidad una situación de privilegio económico reminiscencia del Antiguo Régimen. La foralidad de vascos y navarros permite a sus gobiernos recaudar la mayoría de los impuestos pagando después una cantidad global a la hacienda de la nación, el llamado cupo, por los servicios que presta la Administración General en dichas comunidades. Se trata pues de un sistema impositivo en las antípodas del liberalismo de corte revolucionario-jacobino, donde son los ciudadanos de la nación los que pagan impuestos, y no los territorios según sus peculiaridades. El efecto más visible del “particularismo fiscal” es que pone en riesgo el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de los mismos servicios públicos esenciales. El País Vasco y Navarra no son desde luego un buen ejemplo para la cohesión nacional, sino más bien una anomalía, permitida por razones históricas que no vamos a entrar a valorar ahora. Pero una situación anómala puede degenerar en distaxia generalizada si cunde el ejemplo, y la excepción deviene en regla. La fragmentación del sistema impositivo nacional en base a criterios territoriales significaría el principio del fin de la nación española. Aquellas regiones donde se concentran los ciudadanos y empresas con mayor riqueza (Cataluña, Madrid, Baleares) se convertirían en territorios de primera categoría frente al resto de regiones abandonadas a su propia suerte. Por eso las intenciones del futuro presidente de la Generalitat no pueden ser más nefastas.

Pero aceptemos por un momento la ficción estadística de que Cataluña paga más de lo que recibe (ficción repetimos porque salvo en el caso Vasco-Navarro los territorios no pagan impuestos) Sin embargo, ¿de dónde procede la prosperidad económica de Cataluña? Patxo Unzueta, en un artículo publicado en El País el 25 de noviembre, se hacía eco de los argumentos del fallecido político catalán Ernest Lluch (asesinado por ETA en el año 2000), que vinculaba el déficit fiscal con el superávit comercial de Cataluña. Unzueta expone algunos datos estadísticos dignos de mención. Primero, en 2009 el saldo comercial de Cataluña resultó favorable a esta comunidad en 24.000 millones de euros, es decir, el valor de los bienes y servicios que Cataluña “exportó” al resto de España ascendió a 52.000 millones de euros, mientras el valor de las compras se quedó en unos 28.000 millones. Segundo, el saldo promedio comercial entre Cataluña y Andalucía es favorable a la primera en una relación 60/ 40. Tercero, Cataluña con un 15,9% de la población española y 18,5% del PIB, acapara el 25% del total del comercio interregional. La lectura de las cifras ofrece un panorama más abigarrado frente a la consigna simplona “España ladrona”. Es verdad entonces que en Cataluña se recaudan en términos cuantitativos más impuestos, pero no porque sus ciudadanos y empresas paguen más, sino porque esta región goza de una mayor prosperidad económica que no es independiente de su interconexión con el resto del mercado español. Si aplicáramos hasta las últimas consecuencias las recetas neofedualistas no sólo al sistema impositivo, sino también a la unidad del mercado nacional (tantos mercados como territorios con conciertos económicos), entonces las empresas catalanas deberían pagar impuestos adicionales por operar fuera de sus límites regionales. ¿Dónde quedaría entonces la prosperidad catalana?

Las propuestas de relaciones a la carta, conciertos económicos o particularismos fiscales son un atentado contra la igualdad de los ciudadanos de la nación. Suponen una vuelta al pasado medieval y como tales serán denunciados por Izquierda Hispánica.

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