Hacia la séptima generación de izquierda

Acerca del Paro estructural

El paro estructural, en términos de economía política, es el desempleo perenne que toda sociedad política sufre. Con la crisis económica, el número de parados en España supera ya los 4 millones y medio de personas, pero de esa cantidad algo más de 1 millón de personas conforman el paro estructural que tradicionalmente, desde la instauración del régimen constitucional de 1978, tiene España. Algunos economistas y políticos, como el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, dicen que ese millón son sujetos "que no quieren trabajar". Pero, sin negar cierta parte de verdad de esta afirmación -siempre matizable, según el caso y las motivaciones de no querer trabajar de cada individuo-, está no deja de tener un cariz netamente psicologista que no explica un fenómeno muy complejo que requeriría soluciones institucionales que hoy día no se dan.

Entre los motivos económicos que producen el paro estructural están una desigual distribución de la renta nacional, junto con un desigual reparto de la riqueza (bien por dejarlo todo al laissez faire del mercado, bien por una mala administración de las instituciones públicas). También hay que tener en cuenta que el paro estructural tiene sus variaciones dependiendo de la dialéctica institucional entre las zonas industriales y las agrícolas de una nación. Una baja productividad agrícola y una insuficiente industrialización también motivan al afianzamiento de este número de parados, tradicionalmente sostenible, eso sí, por la economía de un país.Cierto porcentaje de paro estructural puede resultar eutáxico para un Estado si lo puede sostener, al tiempo que la economía se mantiene estable o incluso crece. En España eso ha pasado hasta ahora.

Pero lo cierto es que España es la nación con mayor paro estructural de toda la Unión Europea. Los parados estructurales son parados de larga duración que por motivos distintos no trabajan nunca, no cotizan el paro siquiera, pero sí aparecen apuntados en las listas del INEM (ahora SPEE, "Servicio Público de Empleo Estatal"), pero no son llamados para ningún trabajo. Los parados de larga duración suelen ser personas de entre 30 y 60 años, normalmente de mediana edad sobre todo, que al ser despedidos de su empresa a una edad cercana a la jubilación tienen muy difícil, si no imposible, su reinserción laboral. Estas personas, si no consiguen empleo, están condenados a cobrar las irrisorias pensiones no contributivas, que en España, dejando aparte la asistencia médico-farmacéutica gratuíta que tienen garantizada, en el año 2010 alcanzan los 339,70 euros al mes si se tratan de pensiones no contributivas íntegras, o de 84,93 euros si se trata de pensiones no contributivas mínimas. Cantidades que varían según si en una familia hay más de un beneficiario de este tipo de pensiones.

Con lo que encontramos que cerca de un millón de personas estarían condenadas a una situación de pobreza relativa (esto es, la pobreza de sujetos que viven por debajo de la renta media del 60% de la población de una nación), tanto en el momento en que se encuentran en situación de desempleo perenne como cuando se convierten en pensionistas. Este fenómeno está además relacionado con otros de marginalidad social, paro juvenil (matizable ahora debido a la alta cantidad de jóvenes parados con altas titulaciones universitarias), chabolismo vertical, inmigración y guetos. Pues el paro estructural, con el auge de la inmigración y la crisis, y con la posibilidad de crecimiento del número de parados de manera alarmante, afecta a personas cotizables residentes en España, y no sólo a ciudadanos españoles.

En Izquierda Hispánica entendemos que ese paro estructural es contrario a nuestro proyecto socialista, de racionalización revolucionaria por holización de la sociedad política, esto es, de igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos y también de igualdad económica, si no plena (imposible), sí al menos la suficiente para permitir que la igualdad ciudadana no sea poco menos que una ficción jurídica, y luchar así contra la pobreza. Un socialismo específico de cualquier clase, que pretenda acabar con la pobreza de una nación, debe luchar contra ese paro estructural. Y esa lucha contra el paro en general y el estructural en particular se ha dado en socialismos tanto de derecha (en la España franquista los empleos para los trabajadores eran de por vida, y los que no trabajaban eran juzgados por la "Ley de vagos y maleantes", la cual, por cierto, ya fue aplicada durante la Segunda República, pues no era un invento franquista; la Alemania nazi alcanzó el pleno empleo, acabando con 6 millones de parados en seis años, mediante el nacionalsocialismo aplicado a la Economía de Guerra), como de izquierda (la Unión Soviética, por inspiración del propio Lenin, en su Constitución de 1936, en plena época de Stalin, en su artículo 12, decía lo siguiente: "El trabajo es en la URSS una obligación y una causa de honor de cada ciudadano apto para el mismo, de acuerdo con el principio de <<el que no trabaja, no come>>. En la URSS se cumple el principio del socialismo: <<De cada uno, según su capacidad; a cada uno, según su trabajo>>."

Pero lo cierto es que el socialismo franquista se reconvertió en socialdemocracia y Estado de bienestar, puesto en entredicho con la crisis económica mundial que vivimos, la cual enfrenta España de manera particular. No diremos nada del derrotado nacionalsocialismo ni del fracasado socialismo soviético. Lo que está claro es que la socialdemocracia y la democracia cristiana españolas, en tanto son herederas políticas del franquismo, no han hecho nada por acabar con ese paro estructural, pues no les convenía ni política ni económicamente, ni a ellas ni al Estado español y sus oligarquías dominantes. Como en Izquierda Hispánica rechazamos cualquier tipo de socialismo específico que no sea racionalista radical, materialista, hispánico y heredero de las tradiciones revolucionarias jacobina, liberal-doceañista y marxista-leninista (por lo que rechazamos cualquier modelo socialista de derechas, y todo modelo de izquierda socialista que ha mostrado sus limitaciones y errores, como el soviético o el socialdemócrata), estimamos que el mantenimiento, no ya de un paro masivo de 4,6 millones de personas (el 20% de la población, una tasa de paro insoportable a medio-corto plazo para el Estado de las Autonomías), sino de un paro estructual de más de 1 millón de personas, es contrario a cualquier proyecto eutáxico a nivel político-económico en España, sea este socialista explícito o no.

Pues este paro estructural sólo tiene una respuesta institucional. Y siendo el Estado la institución principal de toda acción política, creemos que dejar que la libre contratación de  fuerza de trabajo por parte de las empresas, sin mediación del Estado, sea la solución de ese paro, además de ser un error es ciencia-ficción, pues en el capitalismo realmente existente ni el Estado mediará para solucionar ese "ejército de reserva" en palabras de Marx, ni las empresas, que son las que realmente contratan trabajadores, harán nada por acabar con esta situación. Por ello, y siguiendo el modelo constitucional soviético, creemos que el trabajo es tanto un derecho como una obligación, por lo que ese millón de personas en desempleo perenne, que gastan más que cotizan, han de estar obligados a trabajar. Pero como tampoco seguimos al pie de la letra el modelo soviético, el cual tuvo altos costes humanos y en muchos casos causó  más problemas que aportó soluciones, creemos que el Estado ha de permitir que diversas empresas privadas, arrendadas, cooperativas o incluso la misma Administración Pública, deben realizar un exhaustivo estudio de la situación social de las personas en estado de paro estructural, y emplearnas en trabajos que puedan realizar, haciéndolas sentirse útiles a la sociedad, favoreciendo así la necesaria retroalimentación de logros entre el poder político y la ciudadanía (prólepsis-anámnesis, en nuestra terminología filosófica) que permitiría hacer funcionar un socialismo específico hispánico.

El pleno empleo, o al menos, la posiblidad tanto de estabilidad laboral como de actividad productiva continuada, mediante la intervención estatal en el mercado laboral y su mediación entre instituciones contratadoras de fuerza de trabajo, nos supone un importante paso, no el único, para poder acabar con el paro, y en concreto con ese fenómeno olvidado, por rutinario, en las democracias de mercado pletórico que supone el paro estructural. Un fenómeno que contradice la holización revolucionaria iniciada con la Revolución Francesa, y que ninguna institución de la partitocracia con poder efectivo real ni influencia ideológica de importancia plantean solucionar. Izquierda Hispánica, desde su rotunda modestia, plantea una vía que permita acabar con esta lacra social que sufre la nación, pero sobre todo, que sufren los seres humanos que padecen esta situación de desamparo económico y social, dejando motivos individuales aparte.

Salud, Revolución, Hispanidad y Socialismo.