La ley anti-tabaco de Leire Pajín
Decía Gustavo Bueno Sánchez en "La Gazeta" del día dos de enero de este año que acabamos de estrenar: "Hoy se añade otra batería de prohibiciones a los miles de normas y regulaciones que pautan minuciosamente hasta los más mínimos detalles de la vida individual. Existe, pues al parecer, una firme voluntad europea de prevenir y controlar el tabaquismo para erradicar, mejor antes que después, el hábito de fumar. Ya nuestro sistema político y legislativo prohíbe rigurosamente fumar en lugares públicos: ni siquiera los medios de comunicación, Internet incluido, podrán difundir imágenes donde aparezcan fumando presentadores, invitados o colaboradores, sin ser fuertemente multados". En estas líneas de nuestra página web queremos incidir además en las afirmaciones de nuestra flamante ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la cual afirmó en los medios de comunicación que durante el primer día en que ha estado en vigor la nueva Ley Antitabaco, la norma se estaba aplicando con toda normalidad, añadiendo a esta información algo que ha preocupado a muchos españoles pues la ministra animó a los ciudadanos a denunciar a los infractores.
Esta ley antitabaco, tan esperada por muchos españoles –no sin motivos, aunque aquí no vamos a incidir en ello- viene acompañada por el conspicuo rasgo de fundamentalismo democrático que lleva a animar a los "buenos ciudadanos" a delatar a los que infrinjan la ley. A delatar, si se nos permite la ironía, fraternalmente, pues el buen ciudadano quiere el bien incluso de los fumadores/delincuentes-. Y es que cuando una ley emana de la aplicación de esta democracia sesgada por los intereses de los que hoy ostentan el poder, la libertad individual puede verse mermada todo lo que un ministro, o ministra, considere oportuno, llegando por supuesto hasta la delación "positiva" del infractor.
Como ocurrió en el pasado cercano con otras leyes también fruto de "gobiernos democráticos", pongamos por caso el alemán de los años treinta y cuarenta del siglo anterior, las cuales vinieron a decir que los arios tenían más derechos que los no arios, de manera que uno de los primeros debía delatar a los segundos a la mínima sospecha de falta de pureza sanguínea, sobre todo si la impureza venía por vía judía o gitana; o incluso si la "suciedad" era no tanto genética sino más bien cultural de manera que los comunistas, o incluso los de gustos sexuales no ortodoxos, debían ser delatados rápidamente, en cuanto hubiera una mínima sospecha de delito contra la depuración de la raza, la cual debía estar limpia de genes despreciables, de ideas inicuas y de prácticas sociales no permitidas que llevaran a la degradación de lo ario.
Para la ministra Pajín, fumar un pitillo a escondidas en los lavabos de un aeropuerto es un atentado a la "ciudadanía" mucho peor que defraudar miles de millones a Hacienda. Cuando un ciudadano socialista –o nacionalista catalán, o del partido de la oposición, que casos hay más de los que todos querríamos que hubiese, y aquí no vamos a enumerarlos, pues no viene a cuento- es sospechoso de un delito de ese tipo parece ser que no es tan importante la denuncia ante los jueces anticorrupción, es más, la denuncia es seguro un atentado contra el honor del político, o adlátere, que se ha enriquecido a costa de todos los españoles, a costa de que no haya, por ejemplo, las mínimas coberturas sanitarias en algunos casos flagrantes, a costa de que no tengan los trabajadores con dificultades económicas, dada su situación hoy día tan extendida de desempleo, las mínimas ayudas para alimentar a su prole.
Recuerdo el fragmento de "1984" de George Orwell, en el que el vecino del protagonista de la novela está con este último sentado en una celda y se enorgullece de su hijo, el cual le ha delatado porque había apreciado en él, su propio padre, un delito contra el "Gran Hermano". El fundamentalismo democrático es el "Gran Hermano" de la política actual. Lo podemos apreciar con ejemplos como el que nos ha planteado Leire Pajín, la cual cargada de "razón democrática" anima a los españoles a atentar contra la libertad de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros padres –solo hace falta que el que sea, un vecino, un amigo o, por qué no, su hijo propio, tenga la suficiente convicción democrática de lo que está bien hecho- y con ello, instantáneamente, contra la propia libertad. La libertad cada vez menos valorada pues va, cada día que pasa, mermando en el sujeto que piensa que lo que dice una ministra es una verdad indubitable, una norma moral que debe elevarse a principio fundamental. Sin embargo, lo que sucede es simplemente que el ciudadano de a pie escucha como si fuera la voz de la divinidad los delirios de grandeza -insuflados por la ideología más perniciosa de la actualidad- de una pazguata.